El Gremi d’Hotels de Barcelona, GHB, y la Confederació Empresarial d’Hosteleria y Restauració de Cataluña, ConfeCat, han valorado de manera muy positiva la reciente sentencia del Tribunal Supremo que avala la orden de la Generalitat de Cataluña de prohibir a la plataforma de alojamiento turístico HomeAway anunciar pisos sin licencia.

El Gobierno catalán obligaba a HomeAway a bloquear o suprimir, de manera definitiva, todos los apartamentos publicados en su web que no estuvieran inscritos en el registro de Turismo de Cataluña. El Tribunal Supremo ha confirmado así una resolución previa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ya había resuelto a favor de la Generalitat.

Estas entidades consideran que la sentencia del Tribunal Supremo da argumentos a las administraciones para que muestren firmeza a la hora de defender el turismo frente a las especulaciones que ponen en riesgo la sostenibilidad de este sector.

El Gremi d’Hotels de Barcelona destaca que Barcelona se ha convertido en la primera ciudad europea donde se obliga a las plataformas a impedir anunciar en sus portales apartamentos turísticos que no dispongan de su número de registro correspondiente.

Para ambas entidades, la sentencia del Tribunal Supremo pone de manifiesto que la hoja de ruta trazada por la Generalitat y el Ajuntament de Barcelona para acabar con los alojamientos ilegales es la correcta. En este sentido, piden a las administraciones que sigan trabajando en esta línea, que debe permitir poner fin, por la vía judicial, a los abusos y la impunidad de esta bolsa de economía sumergida, que representa una competencia desleal para los alojamientos regulados.

Desde hace más de cuatro años, el GHB dedica recursos propios para rastrear las webs de diferentes plataformas de alojamientos turísticos y para poner a disposición de la Generalitat de Cataluña y del Ajuntament de Barcelona los listados de los pisos ilegales. Para el GHB, los más de 10.000 pisos ilegales (40.000 plazas) que hay en Barcelona representan una competencia desleal para los hoteleros y también suponen un fraude fiscal a gran escala.

Para el director del Gremi d’Hotels de Barcelona, Manel Casals, «estas actividades ilegales evidencian un agravio para la sociedad, porque los propietarios de estos pisos no pagan impuestos, no cumplen las normativas de calidad, de higiene, seguridad anti incendios y registro policial de las personas que se alojan».

Casals también destaca que «estas prácticas fraudulentas transmiten una deplorable imagen a los turistas que visitan Barcelona, al tiempo que expulsan muchos vecinos de los barrios de su ciudad».