El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha fallado a favor de Airbnb y ha anulado la multa de 300.000 euros impuesta por el Gobierno en 2018 por comercializar apartamentos turísticos no registrados en la Consejería de Innovación, Investigación y Turismo.

El TSJB argumenta que la actividad de Airbnb está cubierta por una Directiva Comunitaria, lo que choca con el Reglamento Regional de inserción del número de registro del Ministerio de Turismo.

El Gobierno modificó la Ley General de Turismo en julio de 2017 para reforzar el control sobre los alojamientos turísticos ilegales, declarando que los anuncios de apartamentos turísticos y casas de vacaciones «deben incluir el número de registro turístico de la propiedad».

El 28 de noviembre de 2017, el Departamento de Turismo descubrió que Airbnb estaba comercializando Apartamentos Turísticos no registrados y le dio al sitio web 15 días para retirar los anuncios.

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En febrero de 2018, los inspectores de turismo descubrieron que Airbnb seguía violando el Reglamento de Turismo e iniciaron las sanciones, acusando a Airbnb de cometer una infracción muy grave en materia de turismo.

Airbnb inició una serie de acciones legales, pero el Ministerio de Innovación, Investigación y Turismo impuso una multa de 300.000 euros en el sitio web.

Una apelación posterior fue desestimada, obligando a Airbnb a ir a los tribunales para evitar el pago de la multa, lo que ha dado lugar a la sentencia del TSJB de fecha 29 de abril de 2020.

La sentencia explica que, como se aplica el artículo 15 de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo sobre el comercio electrónico en el mercado interior, «las capturas de pantalla no podrán servir como prueba de cargo que atente contra el principio de presunción de inocencia o de responsabilidad administrativa».

Información original en Majorca Daily Bulletin.