El Ayuntamiento de Barcelona ha suspendido, para un período de un año, el otorgamiento de licencias y otras autorizaciones, así como los permisos para la realización de obras destinadas a la implantación de hogar compartido con el fin de iniciar los estudios previos para tramitar la regulación de esta actividad en la ciudad.

El Decreto de Turismo que aprobó el gobierno de la Generalitat de Cataluña el 4 de agosto pasado prevé una nueva modalidad del alquiler de habitaciones de uso turístico en viviendas habituales, siempre que no se superen los 31 días de estancia, que haya un máximo de 4 plazas por piso y que quien pida la licencia sea la persona que vive habitualmente en aquella vivienda.

La normativa prevé también que los ayuntamientos puedan regular la actividad en cada municipio.

Es por este motivo que el Ayuntamiento de Barcelona ha procedido a la suspensión de las licencias durante un año, que es el tiempo durante el cual desarrollará la nueva normativa para que la actividad esté regulada en el conjunto de la ciudad con la voluntad de compatibilizar los diferentes usos, siempre garantizando el derecho a la vivienda de los vecinos y las vecinas.

La teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad, Janet Sanz, ha pedido al gobierno catalán que «durante este periodo de un año rectifique, no puede ser que se liberalice esta actividad cuando hace años que luchamos para poner freno a la especulación de que esta actividad puede suponer, lo hemos visto en otras ciudades europeas. Debemos salvaguardar y garantizar el derecho a la vivienda «.

Sanz ha añadido además que «es necesario que la Generalitat dé más instrumentos a los ayuntamientos para el control y la inspección de la actividad. El alquiler de habitaciones en hogares compartidos puede tener un impacto importante en el mercado de la vivienda habitual y la normativa no puede poner en riesgo el derecho a la vivienda en nuestras ciudades «.

Así pues, a partir de la suspensión, se iniciarán los estudios previos para tramitar un plan especial para regular la implantación de la actividad. Por otra parte, se podrá también proceder a la tramitación de una ordenanza que fijará los requisitos para el ejercicio de la actividad en la ciudad.