El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por el Gobierno de las Islas Baleares contra la sentencia emitida por el TSJB en 2020, que declaraba nula la multa impuesta a Airbnb por el gobierno balear.
El Gobierno de la Comunidad Autónoma impuso una multa, en 2018, de 300.000 euros a Airbnb por promocionar pisos de alquiler vacacional que no estaban registrados como tal.
Ahora, el Tribunal Supremo ha considerado que la postura del Govern Balear va en contra de las directrices de la UE, además de no haber justificado debidamente ninguna excepción para pretender restringir la libertad de prestación de servicios de la sociedad de la información, ni haber seguido el procedimiento adecuado para ello.
La sentencia resolutoria se basa en la reciente decisión del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), en un caso presentado contra Airbnb por la patronal hotelera francesa Ahtop. En la sentencia, el máximo tribunal europeo dejó claro que Airbnb debe regularse como un servicio de la sociedad de la información y no como un agente inmobiliario.
Mónica Casañas, directora general para España y Portugal de Airbnb Marketing Services S.L. asegura que “Airbnb quiere ser un buen socio y trabajar con la Generalitat, els Consells Insulars y los alcaldes en soluciones innovadoras para los desafíos que tienen las diferentes comunidades de las islas”.
Primeros resultados para Airbnb
Airbnb ha presentado sus resultados financieros por primera vez desde su salida a bolsa en diciembre.
La empresa registró una pérdida neta de 3.900 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2020.
Para el conjunto del año 2020, la compañía registró una pérdida neta de 4.600 millones de dólares. Sin embargo, en 2021, Airbnb dice que se está preparando para un «repunte significativo de los viajes».
En un evento organizado por Bloomberg a principios de este mes, su CEO Brian Chesky aseguró que dijo que la empresa reanudaría la inversión en unidades de negocio como el transporte y los hoteles «más adelante».
