por Jesús Navarro, socio director del Departamento de Jurídico de Galán & Asociados
La actual situación de la pandemia, en claro retroceso en Europa y en España en cuanto a número de infectados, el avance sin paliativos del proceso de vacunación, la apertura y relajación de determinadas medidas que imposibilitaba la actividad hotelera ha abierto un horizonte de optimismo en el sector.
Un optimismo que no puede esconder la situación real de muchas empresas del sector hotelero que, aunque han podido reabrir en algunos casos sus puertas este verano, no deben olvidar que mochila vienen acumulando en los meses de actividad nula que han tenido desde que comenzó la pandemia.
Para no morir de optimismo, se debe aprovechar todas las herramientas disponibles para articular un plan de defensa ante eventuales colapsos de la empresa, que desde prácticamente hace más de 15 meses no ha operado con normalidad.
Una de las principales herramientas es la vigencia de la moratoria hasta el 31 de diciembre del deber de solicitar la declaración del concurso de acreedores. Y el margen que ofrece la norma que sigue permitiendo un plazo de dos meses para solicitar el concurso de acreedores después de esa fecha.
En el mismo sentido, también sigue vigente la suspensión de las tramitaciones de las solicitudes del concurso necesario para aquellos casos posteriores al 14 de marzo del pasado año, fecha del decreto del Estado de Alarma.
Lo que nos permite esta situación no es un periodo en blanco, sino un tiempo de actuación preventiva. Especialmente para los establecimientos independientes, que ni dependen ni pueden protegerse en su Grupo, y que están pendientes del resultado de esta próxima campaña estival que alivie su carga, permite coger músculo y hacer frente a la situación arrastrada en estos 15 meses de pandemia acumulados.
Las empresas hoteleras en estas circunstancias requieren de una acción pro-activa en cuanto al análisis de la situación, la consulta y el asesoramiento de expertos en la materia que establezcan estrategias preventivas que mida el impacto de la deuda, el fin de los plazos y carencias de determinadas ayudas como los ICO – que comienzan a vencer en septiembre – y que inicie un proceso de negociación con acreedores actuales o futuros, que permita a la empresa sostenerse hasta el final de la temporada alta y planificar la respuesta con el horizonte de 31 de diciembre, fin de la moratoria del concurso de acreedores. En esta misma fecha también tiene previsto la finalización de los ERTEs y esto también puede llevar consigo graves problemas.
Al tiempo, hay acciones concretas en materia de gestión de los recursos, optimización de las herramientas en materia de contratación laboral y planificación financiera que pueden ser determinadas hoy para marcar el resultado futuro.
Tanto si la campaña de verano es suficiente como si se manifiesta incompleta para rescatar estos meses de nula actividad e ingresos.
Los expertos en estas cuestiones alertan de una lluvia en el número de concursos de acreedores de hoteles y establecimientos hosteleros a los juzgados a partir del 1 de enero de 2022. Hay tiempo y herramientas útiles para llegar a estas fechas en la mejor situación posible. Preparar el presente, es la mejor manera de enfrentar el futuro.