A medida que Lisboa se transformaba rápidamente en un destino turístico a lo largo de la última década, el número de unidades de Airbnb se disparó de un modo alarmante, aumentando el coste de la vivienda y empujando a los residentes a zonas alejadas del centro de la ciudad.
Al comienzo de este año, gran número de barrios acogían más de un tercio de viviendas de corta duración; en la parte más afectada de la ciudad, alrededor del 55 por ciento de las unidades residenciales se habían convertido en hostales y hoteles improvisados.
Entonces llegó el virus, y los turistas dejaron de reservar. Ahora, Lisboa está aprovechando esta situación para devolver algunas de estas unidades al mercado del alquiler de vivienda a largo plazo, un proceso similar al que está viviendo España.
El gobierno de la ciudad está alquilando apartamentos vacíos directamente a los dueños de las propiedades, para luego alquilarlos a trabajadores y estudiantes portugueses a precios subvencionados.
«La pandemia nos ha ofrecido una gran oportunidad para tratar de resolver muchos problemas al mismo tiempo», explica Fernando Medina, alcalde de Lisboa. «Airbnb se había convertido en algo increíblemente importante para nuestra economía, pero eso había ejercido al mismo tiempo una seria presión sobre la clase media y los jóvenes que intentaban vivir aquí. El mercado estaba inflado, y el stock de viviendas disponibles para los residentes permanentes se había reducido».
Para empezar, Lisboa podría sacar hasta 2.000 viviendas del mercado a corto plazo, pero podría ir aún más lejos, según Medina. Quieren dar prioridad a trabajadores que son esenciales, no sólo para luchar contra una pandemia, sino para mantener la ciudad viva como un lugar para vivir, trabajar y criar a las familias.
Por su parte, el gobierno irlandés aprobó el año pasado una nueva legislación que regula específicamente los alquileres al estilo de Airbnb. A pesar de la imposición de algunas multas elevadas, la ley fue aplicada muy débilmente.
Con el parón del turismo provocado por la pandemia, parece que muchos propietarios han decidido que es mejor idea mantenerse dentro de la ley, tal y como lo explica Ronan Lyons, economista del Trinity College de Dublín.
Lyons observó un gran aumento este año en el número de propiedades que entraban en el mercado de alquileres a largo plazo, hasta un 64% en algunos barrios de la capital.
«Sospecho que gran parte de la prisa por pasar de los alquileres a corto plazo a los de largo plazo en Dublín puede explicarse por el COVID-19, que de alguna forma ha conseguido que se aplique la normativa aprobada el año pasado», dijo, y añadió que creía que la ciudad tendrá ahora más posibilidades de hacer que los propietarios se adhirieran a la nueva ley en el futuro.
Al igual que en Lisboa, los alquileres en Dublín se han disparado: más del doble de 2011 a 2019, y no sólo por el aumento de la demanda, sino por un límite en la oferta tradicional: «en ese mismo período, efectivamente, no se construyeron nuevas viviendas de alquiler ni hoteles», explica Lyons.
En París, la alcaldesa Anne Hidalgo ha prometido un referéndum sobre el futuro de las propiedades de alquiler a corto plazo en la capital francesa. «Hay alrededor de 30.000 alquileres del estilo de Airbnb en París: la tarea es recuperarlos para la ciudad», asegura Hidalgo.
En España y desde 2016, es legal que las ciudades de Cataluña se hagan cargo de las propiedades que no han tenido inquilinos durante más de dos años.
La ley tenía como objetivo poner en el mercado viviendas asequibles, no combatir los alquileres de tipo Airbnb, y en realidad ha sido utilizada en pocas ocasiones.
Pero en julio, la ciudad de Barcelona informó a los propietarios de 194 apartamentos que era mejor que encontraran pronto inquilinos; si no, el gobierno podría hacerse cargo de ellos y convertirlos en viviendas asequibles.
No se trata del efecto del turismo en sí, sino de una acción gubernamental agresiva que deja claro a todo el mercado inmobiliario que Cataluña quiere más propiedades ocupadas por residentes locales.
En Roma, un grupo de activistas e investigadores de la Universidad Guido Carlo de la LUISS está tratando de promover el «modelo Barcelona» como parte de un enfoque múltiple para hacer de las ciudades italianas lugares más democráticos e inclusivos.
Pero fue Fernando Medina, alcalde de Lisboa, quien se ha convertido en la cara más prominente de la reacción política europea contra Airbnb.
