Hace unos días la Comisión Europea aprobó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia “España Puede” (PRR) que recoge cómo se aplicarán los fondos Next Generation de la UE (NGEU), un plan de inversiones y reformas sin precedentes para afrontar la recuperación post-pandemia. Con ello, se abre la puerta para que, más pronto que tarde, se empiecen a habilitar los canales de acceso a los fondos.

Se cierra una etapa de preparación en la que se han publicado infinidad de noticias – aunque también mucho ruido mediático – y empieza el reto de ejecutar un volumen de 68.500M€ en el periodo 2021-2026.

Durante este periodo hemos tenido tiempo de analizar las características del Plan y cómo podría beneficiar a los destinos turísticos, en particular su componente 14 “Plan de Modernización y Competitividad del sector turístico” que es el principal instrumento de inversión para el sector.

A continuación, expongo una opinión, estrictamente personal, sobre cómo el Plan “España Puede” es de interés para los destinos y los gobiernos locales que los gestionan.

El análisis se basa en el despiece del documento explicativo del componente 14 así como en las presentaciones públicas sobre sus ejes de inversión que se han ido realizando en las últimas semanas. Avanzo, eso sí, que es un análisis parcial ya que persisten algunas incógnitas que condicionarán el acceso a los fondos. 

Pero, antes que nada, una breve introducción para exponer cómo se sitúa el turismo en el conjunto del PRR. El Plan “España Puede” dispone de un presupuesto total de 68.500M€ y se estructura en 30 componentes.

El componente 14 es el único dirigido exclusivamente al sector turístico y tiene un presupuesto de 3.400M€, esto es, un 4,9% del total del PRR y octavo componente por volumen de inversión. Aun así, existen otros componentes del Plan que tendrán una incidencia directa o indirecta en el turismo.

La Secretaría de Estado de Turismo destaca el componente 19 “Plan Nacional de capacidades digitales” como instrumento para la capacitación de los trabajadores del sector y otros dieciséis componentes que tendrán una incidencia indirecta en ámbitos como la agenda urbana y la lucha contra la despoblación, la transición energética, los ecosistemas resilientes, la movilidad, la inteligencia artificial o la cultura y el deporte. El propio Ministerio estima en 44.000M€ el impacto global del Plan en la competitividad turística.

El componente 14 tiene como objetivo la mejora en la modernización y competitividad del sector situando la sostenibilidad y digitalización como ejes de transformación del sector y como vía para la consecución de los objetivos secundarios de transición verde, transición digital, diversificación, desestacionalización, desconcentración y calidad. Como todos los componentes consta de unos ejes de inversión y reformas.

En este caso, los ejes de inversión ordenados según el porcentaje sobre el presupuesto total son Transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad (56,56%), Actuaciones especiales en el ámbito de la competitividad (27,16%), Programa de digitalización e inteligencia para destinos y sector turístico (9,91%) y Estrategias de resiliencia turística para territorios extra peninsulares (Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla) que representa el 6,47% del total.

En cuanto a reformas, plantea la creación del Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística (FOCIT), como instrumento de préstamos para el sector, en particular para proyectos que contengan, entre otras, actuaciones de innovación y modernización de los servicios turísticos en el ámbito de la eficiencia energética y la economía circular.

La primera lectura sugiere que el componente 14 no sólo aborda la respuesta a la crisis pandémica, sino que contempla un conjunto de acciones de índole estructural en las que los destinos ya estaban trabajando y que la Covid-19 no ha hecho más que acelerar y colocar como temas prioritarios en las agendas. Tiene en cuenta, además, otros retos de alcance global como son el cambio climático o el Pacto Verde de la UE.

La primera constatación es que se trata básicamente de un plan de apoyo a inversiones del sector público. En efecto, si se analizan las diferentes medidas de cada uno de los ejes de inversión se puede ver que los principales destinatarios serán entidades públicas ya sea a través de ejecución directa o como beneficiarios de las convocatorias.

Así, el PRR creará nuevos instrumentos, proporcionará mayor dotación económica y modernizará programas ya existentes como la Red de Destinos Inteligentes, el Sistema de Calidad Turística, los Clubs de Producto o los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino.

Ello no quiere decir que no sea un componente de interés para el sector privado ya que, por un lado, muchas de las medidas impulsadas por el sector público beneficiarán el conjunto del ecosistema turístico y, por el otro, existen medidas exclusivas para las empresas en ámbitos como la digitalización, la innovación e investigación, el fortalecimiento de la actividad comercial o las inversiones de proyectos de eficiencia energética y economía circular (línea que combina subvenciones con préstamos).

La segunda constatación, y buena noticia para los destinos, es que los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino son la medida estrella y, sin duda, la de mayor interés para los gobiernos locales.

Su objetivo es llevar a cabo actuaciones transformadoras con una importante dotación económica en cuatro ámbitos: transición verde, transición digital, eficiencia energética y mejora de la competitividad. Representan más del 50% de la inversión (1.904M€) y beneficiarán a unos 165 destinos. 

Esta medida se inspira en las dos convocatorias ordinarias de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) que se han llevado a cabo en 2020 y 2021 aunque en el caso de las tres convocatorias anuales extraordinarias con cargo al PRR se prevé un proceso de ampliación y escalada de los proyectos.

De esta forma, se han establecido ocho categorías de destinos en las que se determinan las inversiones mínimas que se sitúan entre los 2M€ (en destinos rurales y espacios naturales) hasta los 10M€ de los grandes destinos urbanos (Madrid y Barcelona), pasando por los 3M€ en destinos urbanos, ciudades con identidad turística o destinos de sol y playa mixto residencial o los 8M€ en destinos de sol y playa muy internacionalizados.

Desde mi punto de vista, estamos frente a proyectos maduros (el 75% de la inversión se tendrá que programar en los ejercicios 2021-2022 y ejecutar en un periodo de 2-3 años), equilibrados (con inversiones en los cuatro ámbitos señalados) y con un volumen de inversión que justifique la capacidad de transformación del destino.

Los PSTD no son la única medida de interés para los gobiernos locales ya que otras líneas de financiación como la relativa a los proyectos de mantenimiento y rehabilitación del patrimonio histórico o la de fortalecimiento de la actividad comercial en zonas de gran afluencia turística podrían ser de interés para ciertos destinos. De forma indirecta, también lo serían las medidas desarrolladas por la Red de Destinos Inteligentes como las plataformas y sistemas de inteligencia turística o las medidas de desarrollo de producto turístico.

Vamos a por las incógnitas

La primera resulta fundamental y es conocer de qué forma los ejes de inversión se declinarán en convocatorias y cuáles serán sus características: ubicación de las “ventanillas digitales”, porcentajes de cofinanciación de los beneficiarios, calendarios de presentación y ejecución, rol de las entidades supralocales para agrupar proyectos, etc. 

Y no sólo conocer cuáles serán los mecanismos del componente 14 sino de los otros componentes que pueden ser de interés para el sector. Sin duda un reto en el que será necesario habilitar sistemas para que los beneficiarios no se pierdan en la maraña de vías de financiación que se esperan.

Por otro lado, se ha insistido en la necesidad de simplificar los procesos para poder ejecutar los fondos de una forma rápida, sin embargo, no se podrán esquivar las normas de información, publicidad y concurrencia, así como los mecanismos de control y seguimiento que garanticen un buen uso de los fondos. Por tanto, son imprescindibles estructuras de gestión adecuadas al reto tanto a nivel de entidades gestoras de los programas como de los beneficiarios.

Otro aspecto pendiente tiene que ver con la gobernanza y, en este sentido destacaría cuáles serán los mecanismos que permitan la colaboración público-privada y sobretodo que las PYMEs del sector también tengan acceso a los fondos. En el caso de los PSTD, por ejemplo, se contempla esta posibilidad, pero se menciona de una forma muy genérica.

Al mismo tiempo, los PSTD se plantean como una actuación cooperada entre los tres niveles de la administración: Estado, Comunidades Autónomas y entidades locales, sin embargo, se desconoce todavía cuáles serán los procesos de presentación, selección y ejecución de los proyectos y qué papel jugarán las CCAA que, de hecho, son las que disponen de más competencias en política turística.

Por último, el debate de los fondos NGEU ha enmascarado que este año también se aprobarán los fondos estructurales para el periodo 2021-2027. En España supondrán unos 38.000M€ en los que, en particular a través de los fondos FEDER, se incluirán inversiones en los ejes de digitalización y sostenibilidad que podrían resultar de interés para el sector turístico por lo que sería conveniente conocer el grado de compatibilidad entre ambos fondos europeos.

Como pueden ver, la información disponible hasta el momento dibuja un escenario favorable a los proyectos de inversión del destino que se sitúa como el destinatario central del componente 14, en particular a través de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino.

Si bien es cierto que faltan datos relevantes sobre la operativa de los fondos, creo que disponemos de suficientes pistas para empezar a preparar proyectos ya sea con vistas a las primeras convocatorias de 2021 o para las del próximo ejercicio.