El último Consejo de Ministros aprobó, a propuesta del Ministerio de Fomento, el Real Decreto-ley por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor.

Tal actividad continuará configurándose como una modalidad concreta de transporte de viajeros en vehículos de turismo, sujeta a la previa obtención de una autorización administrativa, cuyo otorgamiento se supedita al mantenimiento de la proporción de una autorización de esta clase por cada treinta licencias habilitantes para realizar transporte de viajeros en la modalidad de taxi ya existentes en el territorio de cada comunidad autónoma.

Además, los servicios prestados por los vehículos adscritos a dichas autorizaciones deberán dedicarse habitualmente (al menos el 80% de los servicios computados trimestralmente) a realizar servicios de transporte en el territorio de la comunidad autónoma en que se encuentren domiciliadas.

El Decreto Ley busca dotar de mayor seguridad jurídica a las reglas aplicables a la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor, con la finalidad de garantizar el adecuado equilibrio entre la oferta de estos servicios y la del taxi, preservando así la convivencia entre ambos sectores y las garantías al usuario.

Esta legislación, contraria a la corriente tomada por los tribunales y por Competencia, ha despertado la esperanza entre las patronales hoteleras de lograr del Gobierno una solución similar aplicada, en este caso, a las viviendas de uso turístico.

En un artículo publicado ayer en El Mundo, se recogen las reacciones de José Luis Zoreda, vicepresidente de Exceltur y Ramón Estalella, secretario general de CEHAT. Ambos consideran necesaria una legislación a nivel nacional que regule estas viviendas y permita un marco jurídico equiparable al de los hoteles, aunque son conscientes de las dificultades específicas de este sector.

De hecho, el ministro Álvaro Nadal ya ha advertido de que las características específicas de los destinos turísticas hacen que el tema deba ser abordado por las propias Comunidades Autónomas. Éstas, en opinión de los hoteleros, se ven desbordadas por los resquicios y complejidades legales para hacer cumplir normativas efectivas.

Aunque ya se han dado pasos para conseguir que las plataformas digitales se responsabilicen del cobro y gestión de impuestos y comiencen a facilitar la identificación de los usuarios, queda un largo trecho para que las múltiples autoridades implicadas puedan alcanzar una solución que cumpla con las demandas de la patronal hotelera.